LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (¿Es la salida a nuestra crisis educativa?)

Lic. Margarita Vargas Sotero

       Apenas arrancó este segundo gobierno aprista, se dieron los dispositivos para un experimento más en nuestro ya bastante remendado sistema educativo: la Municipalización de la Educación.

       Al respecto, y en primer lugar, diré  que esta decisión es ilegal. Pues la ley General de Educación Nº 28044, en su art. 65, establece cuatro instancias de gestión educativa: I. E., UGEL, Dirección Regional de Educación y Ministerio de Educación; y en ningún momento señala a los municipios como una instancia de gestión de la educación; configurándose así el carácter impositivo e ilegal de esta voceada Municipalización. Pero, además, en el 2009, culminó el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos Regionales en materia educativa, por lo que el gobierno central no puede nuevamente imponer funciones a nivel local, saltándose por encima de la autonomía de los gobiernos regionales; pero, sin embargo, en el 2010, el gobierno central dio el D. S. Nº 022-2010-ED, mediante el cual incorporó al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa, a 606 municipalidades distritales más, ampliándose de esta forma, el tufo ilegal de esta acción gubernamental.

       Pero no es el carácter ilegal de la Municipalización Educativa lo que va a hundir a este intento municipalizador, sino más bien será la precariedad de los recursos económicos, materiales, humanos, técnicos y otras condiciones adversas  la que lo lleve al precipicio.

       O si no hagamos un intento de respondernos las siguientes preguntas y veremos que este proyecto viene caminando con el lodo hasta la cintura: ¿El gobierno central desembolsará los fondos necesarios para llevar adelante el proceso educativo? ¿Se llevará a cabo la capacitación docente, y quién se encargará de ello? ¿Están los municipios administrativa, técnica y pedagógicamente preparados para conducir nuestra educación?

       Veamos. En uno de sus informes, al respecto, la defensoría del pueblo sostiene que, del 100% de recursos económicos que transfiere el gobierno a los distritos donde se ejecuta el plan de municipalización, el 96% se destina al pago de docentes y administrativos y la diferencia al pago de servicios, como agua, luz, teléfono, etc. No existiendo un presupuesto adicional para otros gastos como construcción de aulas, pisos, patios, lozas deportivas, mobiliario, capacitación docente, entre otros.

       Así mismo, dirigir el proceso educativo no se reduce solamente al control de asistencia del personal docente, sino implica asumir la responsabilidad presupuestaria, administrativa y técnico-pedagógica. Si a las UGELs y las DREs, que se supone cuentan con numerosas personas entrenadas para conducir la educación en las diferentes regiones, les es muy difícil ejecutar un trabajo adecuado, qué diremos de los municipios donde la mayoría del recursos humanos desconocen esta delicada tarea. Y es que aquí no se trata de que las municipalidades apoyen de manera participativa en el quehacer educativo de su localidad, sino que ellas asuman la dirección y gestión de la educación local. Y como sabemos, las municipalidades tienen serios problemas para resolver los quehaceres propios de su comuna, justamente por el factor humano, presupuestario y los altos índices de corrupción por los que atraviesan la mayoría de municipios. En ese sentido, cargarle sobre sus hombros una responsabilidad tan seria y complicada como la educación, va a permitir que la marcha del proceso educativo no sólo no aumente en calidad, sino hasta podría sufrir serios retrocesos.

       Este par de aspectos, nos lleva ya a una conclusión clara: la Municipalización de la Educación no es ninguna garantía de solución para la alicaída educación peruana, por tanto no es la salida a nuestra crisis educativa.

       Y, por último, el plan piloto de la Municipalización Educativa jamás funcionó como tal. Porque se entiende que, cumplido el plazo, éste tuvo que ser sometido a un proceso serio de evaluación y validación, para luego decir si se continúa o no ampliando su cobertura; pero esto no ha ocurrido aquí. Muy por el contrario: el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Directivo de Foro Educativo, La Defensoría del Pueblo,  la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la Asociación de la Municipalidades del Perú (AMPE), entre otras Instituciones, han mostrado su rechazo y exigen la derogatoria del D. S. Nº 022-2010-ED. Entonces se puede concluir que al gobierno del señor García no le interesó si esta medida mejora o empeora nuestra educación, por ello no  asumió  con seriedad la verificación real del “plan piloto” de municipalización, pero sí incrementó los lugares de aplicación; y anunció que al 2016 se habrá generalizado al 100% a nivel nacional.

Una medida que puede mejorar nuestra educación es  el fortalecimiento del recurso humano, económico y material de la UGELES, para que asuman una adecuada gestión de la educación en sus respectivas jurisdicciones, liderado por funcionarios altamente calificados, competentes y sin tinte político,  que desarrollen de forma sistémica las acciones de capacitación docente,  supervisión y asesoría pedagógica, diseñando ejecutando y evaluando el Proyecto Educativo Local de su  ámbito territorial en concordancia con el  proyecto educativo regional y el nacional.